El rol del analista de políticas públicas

Este ensayo argumentará el rol del analista de políticas públicas, considerando que la actividad que realiza es compleja, definiendo de manera precisa cual es su función, su alcance, procedimientos y limitaciones, ya que dependiendo de su capacidad estratégica serán las decisiones que tome.
Aguilar (1992) concuerda con Lindblom (1992) y Majone (1997) en indicar que la hechura de políticas públicas es una actividad artesanal, ya que su objetivo es producir evidencias y argumentos persuasivos para la toma de decisiones, haciendo uso de instrumentos tanto cualitativos como cuantitativos (Garson, 1992), conociendo sus limitaciones (Aguilar, 1992) y considerando la empatía con el medio para que sus conocimientos trasciendan a la practicidad, de tal forma más que una decisión sea óptima, sea factible (Lindblom, 1992).
Lindblom (1992) visualiza al analista de políticas públicas como un artesano, pues considera al análisis como arte, ya que es una actividad compleja y precisa, pues como lo indica Wildavsky (citado en Majone, 1997) el análisis de las políticas públicas tiene como objetivo mejorar las preferencias de los ciudadanos, por ello el conocimiento del analista tiene que trascender a la practicidad (Lindblom, 1992), es decir mostrar a los decisores que la estrategia que propone es la ideal (Aguilar, 1992).
En 1951 Lasswell, sostenía que la relación entre la ciencia política y el análisis de políticas públicas existiría siempre. Sin embargo la metodología que utiliza cada una es diferente, la confrontación entre métodos cuantitativos y análisis de caso, han sido difíciles tanto en la ciencias políticas como en el análisis de las políticas públicas, no obstante, los métodos de análisis surgidos después de la Segunda Guerra Mundial fueron suficientes para justificar la vinculación entre estos dos paradigmas (Lasswell, 1992; Garson, 1992).
La orientación del análisis de políticas públicas está basado en dos enfoques contemporáneos, la orientación empírico-analítica y la orientación neopluralista, estos basados en la corriente sinóptica (basada en los métodos cuantitativos y análisis de sistemas) y antisinóptica (basado en el análisis de casos), ambas corrientes son complementarios para el análisis de políticas públicas (Garson, 1992).
El analista de políticas públicas se enfoca en la búsqueda de la mejor política pública, evaluados en término de eficiencia, equidad, practicidad, la cual como lo indica Majone (1997) y Aguilar (1992), debe considerar la comunicación del gobierno con el público, al que habrá que convencer a través de evidencias y argumentos convincentes haciendo uso del método científico y aspectos teóricos, herramientas que durante la Segunda Guerra Mundial habían sido utilizados en decisiones bélicas y económicas.
El analista de políticas públicas toma la mejor decisión, como resultado de la combinación de las habilidades que proporcionan las ciencias que se encuentran en la corriente sinóptica como la investigación de operaciones, matemáticas, estadísticas, economía, así como habilidades que adquiere de las ciencias que se encuentran dentro de la corriente antisinóptica como la sociología, psicología, con un enfoque mucho más humanístico rescatando la importancia que tienen los valores, es así que el análisis de las políticas públicas no puede ser exclusiva de algunas ciencias, ya que resultaría inoperante, con estos elementos permitirá al analista descomponer el problema en sus partes (Aguilar, 1992).
El analista de políticas públicas deberá poseer habilidades retóricas y dialécticas, las cuales le permitirán definir un problema desde diferentes puntos de vista, elaborar un argumento haciendo uso de fuentes diferentes, adaptar el argumento al auditorio y educar a la opinión pública, en este sentido la retórica es importante ya que genera que el gobierno como los grupos políticos se rigen bajo la estructura de la conciencia jurídica, y qué sus conocimientos respecto de las políticas públicas son basados en su experiencia, destreza técnica y manejo de éstas (Majone, 1997).
Las herramientas descriptivas y analíticas, así como la visión retrospectiva y la prospectiva son habilidades que el analista debe desarrollar, para así identificar con mucho mayor facilidad el objetivo a lograr, las acciones que se llevarán acabo y sus alternativas, haciendo uso de la argumentación toda vez que se considera es el primer paso para llevar a cabo la formulación de la política pública, además de que la argumentación como tal la encontraremos en todos los procesos relacionados toda vez que no importan donde, cómo o cuándo siempre debe existir un argumento de validez, de persuasión o de simple necesidad (Majone, 1997).
El analista de políticas públicas se encuentra limitado por condiciones económicas, fiscales, aspectos constitucionales, políticos, reglamentarios, tecnológicos, administrativos, culturales, cuestiones como grupos de poder, valores establecidos en una sociedad; es así que deberá tener la capacidad de realizar un análisis de factibilidad, sobre todo capaz de visualizar más allá de las limitaciones comunes, de tal forma que tome la decisión de la opción más viable (Aguilar, 1992).
El alcance del analista de políticas públicas se avoca en la solución de problemas públicos, la ejecución de objetivos, basado en criterios racionales de eficacia-eficiencia, la equidad pública y viabilidad política son considerados así como su factibilidad organizativa-administrativa. Algunas actividades del analista de políticas son: la asignación de recursos, evaluación de programas, considerando que está no es una ciencia exacta para la solución de problemas públicos el analista si debe poseer la capacidad de decisión racional (Aguilar, 1992).
A pesar de los elementos, habilidades, el alcance, que los diversos autores concluyen tiene el analista de políticas públicas, en la realidad, en muchas ocasiones se toman decisiones únicamente en respuesta a intereses particulares, sin que estás sean realmente la mejor decisión, más que la satisfacción de la sociedad satisface intereses políticos este escenario es más común en países en desarrollo, donde la sociedad, no tiene el conocimiento para evaluar y exigir (Aguilar, 1992).
Se concluye entonces que el analista de políticas públicas, se caracteriza por realizar una actividad compleja, por lo que debe poseer habilidades, técnicas, conocimientos, modelos y valores con el objetivo de generar evidencias y argumentos y su éxito depende del conocimiento de las posibilidades y limitaciones de los instrumentos que utilizará así como la empatía con su medio, su capacidad de hacer un uso provechoso de estos elementos convierte al analista en un artesano, ya que será capaz de generar sólidos argumentos.
En general el buen analista será aquel capaz de identificar que la decisión más que óptima será viable, así como de contribuir al aprendizaje social refinando los criterios de evaluación de los programas públicos, su importancia radica tomar las decisiones con base a términos de eficiencia y su capacidad estratégica para el beneficio de la sociedad.

Celia Chavez Gallardo 

¡Yo sí voy a votar en la consulta ciudadana sobre el #NAIM!

¡Yo sí voy a votar en la consulta ciudadana sobre el #NAIM!

Una de las promesas de campaña del presidente electo Andrés Manuel López Obrador fue incluir a los ciudadanos mexicanos en la toma de decisiones por medio de consultas, la primera consulta ciudadana que realizará el equipo de transición del gobierno electo es sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estamos ante la primera gran batalla por la democracia, la justicia y la soberanía popular del nuevo sexenio.

Las consultas ciudadanas en nuestro país no pueden considerarse como una práctica usual, es un ejercicio de las democracias participativas, México aún está lejos de serlo, pues a pesar de la existencia de leyes de participación ciudadana en algunos estados de la república mexicana aún son poco visibles y ciertamente poco trascendentes en la vida política nacional y local.

A nivel federal la Consulta Popular es un mecanismo regulado, la cual se encuentra descrita en el artículo 35, fracción VIII, numeral 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en general se describe que la jornada consultiva deberá llevarse a cabo el mismo día de la elección federal, por lo anterior los críticos cuestionan su legalidad; así mismo, se cuenta con una Ley Federal de Consulta Popular que fue promulgada en el 2014.

Más allá de lo anterior, yo como ciudadana voté por Andrés Manuel López Obrador, pues por primera vez a lo largo de mi vida como ciudadana mexicana vi la posibilidad de que mi opinión se contemplará en la toma de decisiones de interés nacional.

En la consulta que inicia el día de hoy jueves 25 de octubre a las 8:00 am y que concluye el domingo 28 de octubre a las 6:00 pm se instalarán mil 73 mesas de votación en 538 municipios de las 32 entidades del país, es una realidad que dicho ejercicio ciudadano tiene áreas de oportunidad; no obstante, ello no minimiza su importancia, me parece un excelente inicio hacia eso que buscamos: una democracia participativa. Además es un indicador de que Andrés no será un autoritario y consultará las decisiones por lo menos de infraestructura; me atrevo a concluir lo anterior porque mientras fue jefe de gobierno en la Ciudad de México convoco a cinco consultas ciudadanas entre ellas sobre el costo del Metro, la construcción del segundo piso del Periférico y Viaducto, la revocación de mandato, la aplicación del horario de verano.

El primer beneficio trascendental de esta consulta ciudadana en el mediano plazo es fomentar la existencia de una población participativa, para mí, ese es el más importante. Generalmente el problema de una democracia participativa recae en que el ciudadano común presenta temor en asumir la responsabilidad de elegir, y su miedo es resultado de su falta de información, del poco interés en participar, ahora por lo menos en cuatro días se hablará de la “consulta ciudadana” dos palabras que en un par de días se volverán populares y eso incitará el interés de los ciudadanos a informarse y a participar. En lo personal sé que voy a votar y ya he ubicado mi casilla, pero antes de hacerlo mi responsabilidad es informarme, evaluar y tomar una decisión objetiva y responsable.

El Segundo beneficio es que es un ejercicio que será un precedente para que el actual congreso federal inicie con el fortalecimiento de un marco legal para la elaboración de consultas, referéndums y plebiscitos; lo que fomentará la confianza en estos ejercicios democráticos en los próximos años.

Después de votar en la consulta sobre el #NAIM, como ciudadana común exigiré que siempre que se tenga la intención de construir grandes obras se someta a consulta, y debe ser así porque es un asunto público y no de privados, o de una élite selectiva; exigiré que el marco legal fortalezca la transparencia del proceso y la inclusión de la población en general.

Finalmente, lo que se espera para que el ejercicio ciudadano sea trascendental es que sea una participación ciudadana masiva, la opinión de los ciudadanos quedará plasmada en más de un millón de boletas ya impresas; sin embargo, es conveniente mencionar que la impresión puede incrementarse en función de la participación, así que no dudemos en acudir y hacer extensiva la invitación.

P.d. Les comparto la página donde pueden obtener información del proceso (http://mexicodecide.com.mx/urnas-de-consulta/), sin dejar de comentarles que adicional a este espacio podemos encontrar muchísima información más.

¿Cómo se conformará la boleta de la Consulta Nacional del Nuevo Aeropuerto?

Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Cuál opción piensa usted que sea mejor para el país?

Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía.

Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

…Usted elija, es libre.

El Sistema de Pensiones en México y su Disfuncionalidad.

El tema de las pensiones es un asunto que debe preocuparnos y en la que debemos de ocuparnos los mexicanos en su conjunto, porque es un tema que está relacionado con la naturaleza humana; nacemos, crecemos, envejecemos y morimos, es resolver básicamente la forma de cómo vamos a vivir hacia el final de nuestras vidas y que además de todo es fundamental para la economía del país.

Una etapa del ciclo de vida del ser humano es la vejez, esta etapa se caracteriza porque las capacidades físicas, psicológicas no nos permiten tener un trabajo, en este sentido, todos deberíamos de estar preparados para construir  una vejez digna y no depender de nuestros hijos, de nuestras familias.

En México referirnos a la vejez es hablar de mayor sobrevivencia, mayor longevidad, en la actualidad  se está llegando a edades avanzadas, el 80% de las personas que nacen ahora están llegando a los 65 años, después de los 65 años es hablar de otra longevidad (CONEVAL, 2016), con base en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2016, en México la población mayor de 65 años aumentaba más o menos al doble cada 20 años; mientras que para  la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), alertan sobre el envejecimiento acelerado de la población mundial, en el caso específico para la población mexicana, para el 2050, las personas  de más de 60 años, que ahora representan el 10% de toda la población, representarán el 24.6% (2018).

Hablar de la vejez es importante y en esta ocasión hablaremos de una de las partes no positivas de la vejez; la vejez causa dependencia, el ser humano es mucho más vulnerable en cuestión de salud, ante la funcionalidad física-mental que causa varias dependencias, por ejemplo por salud, por cuidados y una dependencia económica; las pensiones alivia esa dependencia.

La pensión se define como el ingreso monetario que garantiza frente a un riesgo del ciclo de vida tener un ingreso  que le permita a la gente tener lo básico, los riesgos en el ciclo de vida son la enfermedad, la discapacidad, el riesgo de trabajo, la muerte, en algunos países el desempleo y uno de los más importantes es el de la vejez; tener una seguridad económica en la vejez o frente a un riesgo del ciclo de vida es lo que define una pensión (Ramírez, 2016); por otro lado el Dr. Roberto Ham (2016) precisa que la pensión es para cuando ya no se tiene la capacidad de trabajo.

De manera específica hablaré de la pensión y la jubilación para los trabajadores cuando llegan al fin de su ciclo laboral, que puede ser por cesantía a los 60 años, porque se queda sin trabajo pero que ya cuenta con los requisitos o por vejez a los 65 años; la seguridad social en nuestro país desde su nacimiento tiene una serie de contradicciones, a nivel constitucional el artículo 123, la fracción 29, nos dice que todos los mexicanos tenemos derecho a la seguridad social, trabajadores, asalariados, campesinos, no asalariados; pero el mismo artículo 123 nos empieza a diferenciar y nos habla de un apartado A y un apartado B y nos hace diferentes a los trabajadores del sector privado de los trabajadores del sector público y entonces para los trabajadores del sector privado en 1943 nace el Instituto Mexicano de  Seguridad Social (IMSS)  y para los trabajadores del Estado en 1959 nace el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  (ISSSTE), pero a la hora de ir instrumentando la Ley Federal del Trabajo, la Ley del IMSS, la Ley del ISSSTE, nos van diferenciando y también la misma constitución señala los derechos a los que tiene los militares, y de trabajadores en otros sectores.  Con base en lo anterior hablar de las pensiones debe ser un asunto de dignidad social, toda vez que hablar de dignidad es propio de todo ser humano. Sin embargo, la realidad en México es otra;  en nuestro país, con respecto al sistema de pensiones es normal hablar de mexicanos de muchos tipos, mexicanos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta; sí, por ello una reforma o bien una reestructuración al sistema de pensiones mexicano es necesario con el nuevo gobierno.

A nivel internacional la instrumentación de las pensiones es lo que lo caracteriza, en México la mayoría de las pensiones se otorga por tiempo de trabajo y no tanto por edad, en México cuando inicia el IMSS en 1943, la esperanza de vida era de 50 años y en el 2016 de 75. 2 años (INEGI, 2018), entonces es evidente que las pensiones no deben de estar funcionando por tiempo de trabajo, sino tiene que estar vinculado tiempo de trabajo y edad, y por ello hoy en México se discute si la jubilación debe ser a los 65 años o 68 años, y en algunos países europeos están avanzando hasta 68 años de forma paulatina (para el caso de Portugal a los 66 años, en España deben tener 67 años, Holanda a los 68 años) tratando de ir equilibrando la parte financiera; lo último que he escrito es bastante alarmante, en México la jubilación se promueve que sea hasta los 68 años y el objetivo es resolver la parte financiera, que desde mi opinión particular me parece alarmante.

En México en el 2016, 10 millones de personas tenían 65 años y más, una cuarta parte de esta población tenían pensiones, el 75% no tenían pensiones (porque son personas que se encontraban en el trabajo informal), el 25 % que sí tenían pensión se caracterizaban por la desigualdad social y económica, es decir, unos cuantos vienen de sistemas de seguridad social privilegiados, de contratos colectivos de trabajo, de manera sencilla hay empleados pensionados de algunas empresas que se jubilan a la edad de 50 años con una pensión de 150 000 pesos mensuales y hay adultos mayores en situación de pobreza con 750 pesos mensuales, por ejemplo en la Ciudad de México (CONSAR, 2018), en general si se trabaja en el sector privado se recibe una pensión promedio de 4 000 pesos  y en el sector público de 9 000 pesos, por supuesto que hay gente que percibe mucho menos, en concreto, el problema principal de la vejez en México es el dinero, más allá de problemas de salud o de cuidados.

En México se reformó la Ley del IMSS en 1997 y la Ley del ISSSTE en el 2007; considero que dichas reformas fueron incorrectas que respondieron a intereses de corte neoliberal, hoy tenemos el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que reúne una cantidad de recursos de casi 3 billones de pesos, sin embargo, entrega pensiones miserables; con base en investigaciones de Leal  (2017) apenas de un cuarto del último salario devengado.

A continuación describo de forma breve un recuento del sistema de pensiones en México:

-                     El actual sistema de pensiones en México entró en vigor el 1 de julio de 1997, la cual consiste en realizar una aportación obligatoria de 6.5 por ciento, la cual derivará en una tasa de reemplazo de apenas 26 % para el trabajador promedio.

-                     Existe desigualdad en los montos de pensiones; por ejemplo, un pensionado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recibe 11.3% más que un pensionado del IMSS, además de que los primeros se pueden pensionar desde los 55 años; la desigualdad del esquema de reparto con el esquema de cuentas individuales, la generación X estarán recibiendo tasas de reemplazo arriba del 60% y las cuentas individuales estarán recibiendo 30%, es decir, si estás cotizando un día antes de 1997 estás en el esquema de reparto y si estás cotizando un día después de 1997,  estás en el esquema individual, en general la desigualdad es resultado de las malas reformas, pues estas se han visto como un asunto financiero, presupuestal, y debe verse más como un asunto de cohesión social, de dignidad humana.

-                     Se debe abandonar el enfoque financiero y presupuestario, el gobierno que está terminando se ha caracterizado por un rezago estructural, viejo de pensamiento, insensible, ejemplo de ello fue cuando José Antonio Meade en su papel de secretario de Hacienda y Crédito Público, justificando su propuesta en los resultados de los estudios que realizó la OCDE en el 2016 y luego que se conoció que el fideicomiso inversor creado por Infonavit sufrió minusvalía, pretendía  un atentado a la siguiente generación, él proponía tomar el 5% de la aportación patronal para vivienda para integrarla a la pensión, eso significaba en Infonavit y en Fovissste quitar a la siguiente generación la posibilidad de una vivienda; y la hipoteca regresiva, propuesta de Oscar Vela quien en su momento era responsable de pensiones de hacienda, la hipoteca regresiva consiste en lo siguiente: quien con su patrimonio tenía una casa y si su intención era tener una pensión digna,  debería entregar su casa a una institución financiera y vivir en ella, recibir el pago  mes a mes de por vida y entregarla cuando falleciera; según Vela, la hipoteca inversa ya se empleaba en Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y España; actualmente la hipoteca inversa solo está regulada en el Estado de México y en la Ciudad de México, sin embargo, los diarios no dejan pasar los días sin hacer referencia de banqueros que ofrecen el producto, en un momento malo no dudo que algún congresista retome la iniciativa y aplique para todo el país, ojalá no sea así; he descrito lo anterior para ejemplificar los atentados a la dignidad humana de tecnócratas que han pasado por el gobierno mexicano.

En todo lo anterior  debo mantener objetividad, debo mencionar también que los neoliberales justifican las acciones anteriores como resultado del siguiente diagnóstico, el informe trimestral del Honorable Congreso de la Unión  sobre la situación del SAR 2015,  y el estudio que realizó la OCDE en 2016 muestra que el nivel de las aportaciones del sistema de cuentas individuales mexicano es bajo a nivel internacional y se encontraba en el último lugar entre los países miembros de dicho organismo, así como de otros países que no formaban parte del organismo cuya información sigue disponible, pues con base en la tasa de contribución del sistemas de pensiones obligatorios de México se encuentra en menos del 9%, con ello el estudio señala que el sistema no está preparado para poder garantizar un monto de pensión de más del 50% del último salario del trabajador.

En conclusión, lo que se sugiere hacer es una reconstrucción de las reformas, las reformas ya se hicieron ahora a el siguiente gobierno le corresponde realizar una reconstrucción de estás; actualmente el nuevo congreso  menciona poco del asunto de las pensiones; hoy se discute de la edad de retiro, duplicar la pensión asistencial; hace un par de meses sobre mecanismos para incrementar la tasa de reemplazo, no más. El tema pensionario no puede discutirse en una Secretaria de Estado dependiente de otra, el sistema pensionario debe tener una secretaría única, esta secretaria debe pelear por presupuesto y por generar todos los beneficios y resolver el problema de las disparidades y de todos los pasivos y activos, un Instituto Nacional de Pensiones por ejemplo, tiene que haber una autoridad nacional federal que tome el problema y que tenga autonomía; un gobierno de seis años no tiene el incentivo para resolver el problema, esa es la realidad.

Tenemos una crisis estructural que no acepta soluciones paliativas, se requiere de una solución de Estado para que sea una solución permanente y de largo plazo, se requiere de un acuerdo político entre las partes porque las pensiones no es un asunto de partidos o de ideología es un tema práctico de cumplirle a la gente con un derecho propio de la dignidad humana.

Necesitamos un grupo de expertos, la solución no está en estudios de escritorio, debe intervenir un grupo plural, insisto dejar de lado el enfoque financiero y presupuestario, se necesita un consenso social, necesitamos funcionarios responsables en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, porque ahí están inmersa instituciones como la Comisión de Ahorro para el Retiro, la Oficina de Pensiones de la Secretaria de Hacienda, etc.

El tema de las pensiones en México es amplio, complejo, delicado; hay mucho por conocer, y corregir, su importancia no debe dudarse y por ello exigir su funcionalidad.  

El fin del modelo neoliberal mexicano

Ha pasado una semana de las elecciones del primero de julio y estamos ansiosos por vivir lo que se viene para México; por supuesto, la mayor parte de la población se muestra optimista, los más de treinta millones de mexicanos que votamos por Andrés Manuel y algunos que no lo hicieron, en conjunto esperamos la regeneración de México.

En nuestra mente surgen una serie de preguntas: ¿Qué sigue para México?, ¿Se acabó la economía neoliberal para México?, ¿Existe un mandato para aplicar una economía de izquierda?...

Es tiempo del poder popular, es hora de hacer efectivo el lema que Andrés Manuel puso en  boga  en su campaña del 2006 a la Presidencia, “Por el bien de todos, primero los pobres”, es hora de hacer justicia, la justicia social debe consolidarse.

Una característica fundamental del capitalismo contemporáneo es la no intervención del Estado en la economía, con la puesta en marcha del modelo neoliberal mexicano en 1982 el objetivo que se buscaba era hacer que el Estado mexicano no interviniera en la economía, pues esta es considerada como el mayor obstáculo para el desarrollo de las fuerzas del mercado; sin embargo,  es importante mencionar que tal anhelo jamás se ha logrado consolidar en ningún país con una economía neoliberal y el caso mexicano no es la excepción.

Algunos aspectos que permitieron la consolidación del modelo neoliberal mexicano ha sido la existencia de agentes centrales propias de la teoría neoclásica como son los productores y los consumidores, así como una estructura de mercado basada en el monopolio y oligopolio; mismos que han permitido acaparar el proceso económico; los elementos anteriores en un contexto donde “la mafia del poder” ha gobernado, donde el salinismo se ha mantenido y estará hasta el último día de gobierno del presidente Peña Nieto.

El modelo neoliberal mexicano está caracterizado por una fuerte presencia del Estado cuyo actuar ha sido beneficiar a los productores (empresarios), pues es evidente que las reformas estructurales perjudicó los intereses de las clases populares, los resultados precisos han sido una clara evidencia de la sobreexplotación del hombre por el hombre, donde la precarización de los salarios es una prueba de ello. Por todo lo anterior, es necesario cambiar el modelo neoliberal mexicano, porque este ha fracasado, he mencionado ya algunos costos; todos podemos observar la brecha enorme que separa la sociedad mexicana  que integra el último decil respecto del primer decil;  hoy 54 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza.

Necesitamos un nuevo modelo económico apto para México, para la realidad que vivimos, más allá de preservar el modelo neoliberal mexicano o un modelo económico de izquierda. La coyuntura que se vive en este momento en nuestro país es la oportunidad que esperábamos para despegar la economía o bien tener un retroceso; mi deseo es que no ocurra lo último.

Con certeza podemos afirmar que la economía mexicana va a cambiar, la realidad es que se dará una transición que poco a poco  estará dando resultados, una reingeniería en el gasto, una nueva jerarquización del gasto. Es conveniente recordar que el equipo de transición de Ándres Manuel está integrado por gente de morena con una inclinación de izquierda muy natural y gente de derecha como Alfonso Romo, las condiciones existentes permitirán una economía más centralizada, con mayor participación del Estado; no obstante, también se visualiza  una economía de mercado; evidencia de lo anterior es por ejemplo, cuakndo  escuchamos afirmaciones como “vamos a concensionar el aeropuerto” y por otro lado “la construcción de las refinerías por parte del Estado”. Lo que se espera ahora es cambiar el sentido del funcionamiento del Estado, ahora debe ser un auténtico representante de la totalidad de los mexicanos, que ayude a disminuir las desigualdades existentes y resuelva el problema de la concentración del poder económico en una minoría.

Regresar a un modelo económico de otra época tampoco es lo correcto, queremos un modelo económico que garantice una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de por lo menos 3% o 4% anual de forma sostenida y generalizada en el territorio, está tasa de crecimiento ocasionará una reducción de la pobreza de un 10% al 15%, hoy un asunto prioritario del modelo económico mexicano debe ser la distribución de la riqueza; la anterior afirmación no significa que esté sugiriendo implementar una política económica de desarrollo estabilizador, es urgente ir más allá de perseguir estabilidad en los indicadores macroeconómicos.

El próximo primero de diciembre entrará en funciones un gobierno que se vislumbra sin contrapesos, morena ganó la mayoría de las entidades del país, 31 de 32 entidades federativas, únicamente Guanajuato quedó fuera, desfalco al PRI en su bastión, el Estado de México, al PRD lo aplastó en la Ciudad de México, el presidente electo Andrés Manuel será el primer Presidente de la República en 24 años que tendrá un Congreso de la Unión con mayoría absoluta, además 19 legislaturas estatales tienen mayoría de morena, es decir, la Constitución está en manos de Andrés Manuel López Obrador, para hacer lo que quiera. Ciudadanos representantes electos, tienen toda la libertad de hacer lo que deseen; solamente solicitamos que sea con responsabilidad, con sentido social  y por el bien de todos…

Conceptalización etímologica, clásica y contemporanea de Economía

Evaluación de finanzas municipales en México

Por Celia Chavez Gallardo

El municipio es gestor e instrumentador de respuestas a las necesidades básicas de la comunidad, no obstante se encuentra con obstáculos en la prestación de responsabilidades que institucionalmente le corresponde (García del Castillo y Hernández, 2001:3).

Es así que la escasez de recursos financieros es e segundo problema a la cual se enfrentan los municipios para cumplir con las atribuciones que institucionalmente le corresponden (Cabrero, 2000); entre estas atribución es coadyuvar al crecimiento y desarrollo económico.

Es así que las fuentes de ingresos de los municipios provienen principalmente las participaciones federales y estatales, asi como del instrumento de la deuda y finalmente de los ingresos propios, estos últimos provienen principalmente de los derechos, aprovechamientos etc. Sin embargo son pocos los municipios quienes prestan atención a este último recurso (la recaudación de ingresos propios) quizá porque la cantidad de estos recursos representan cantidades mínimas.

Se deduce que los ingresos propios en los municipios representan realmente cantidades mínimas, una de las causas, es la ausencia de un mecanismo de evaluación de ingresos propios en el municipio, que para mi investigación le he llamado “evaluación de la gestión municipal en las finanzas públicas”.

Ahora bien, los ingresos propios de los municipios son resultado de las prestación de algunos servicios públicos y la abundancia o mínima cantidad de estos recursos son resultado de la gestión pública que se desarrolle en cada uno de los espacios municipales.

Algunos teóricos argumentan que el diseño institucional es uno de los grandes problemas a la cual se enfrenta el municipio mexicano, para cumplir con lo que le corresponde, pero más allá del diseño institucional en un primer momento pongo a su consideración “el paradigma sobre el cual está funcionando la administración pública en México, es decir aún no se ha logrado transitar de las prácticas de “burocracia tradicional” a “la nueva gerencia pública”.

Con base a David Easton (1953) en su teoría de sistemas, se considera a la gestión pública como un sistema donde interactúan actores con intereses diferentes y estos están en constante evolución, en la administración pública encontramos a los ejecutores de políticas públicas (administradores y gobernantes), a los beneficiarios (donde se encuentran instituciones de tipo educativo, social, cultural, privados, comerciales, etc); así como ciudadanos comunes quienes participan pagando impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones por mejoras y quienes también hacer uso de los servicios que proporciona la administración pública municipal; de la misma manera encontramos actores externos de manera directa encontramos la administración estatal y la administración federal quien en su conjunto intervienen en la administración municipal, se encuentran organizaciones civiles con el afán de resolver necesidades que la administración municipal no puede resolver, es así que se considera un sistema complejo.

La razón por la cual se menciona el argumento anterior es que esta es una de las causas por la cual es necesario controlar y justificar los recursos públicos de la administración municipal, la necesidad de identificar resultados de cada una de las acciones de la administración pública municipal es necesario y sobre todo resolver y ser un mecanismo a través de la cual se contribuya a resolver la gran problemática de la escasez de recursos por parte de los municipios.
Los intereses antes mencionados se pretender resolver a través de la evaluación, la racionalización y optimización del gasto público tales conceptos son comunes ya que se han puesto en práctica con la Nueva Gerencia Pública (Richard y Smith, 2002).

Mediante la modernización administrativa y en este caso la propuesta de indicadores de evaluación de la administración financiera de la administración municipal, en la administración privada esto es se define como administración estratégica.

En la cual este concepto administración estratégica se caracteriza por la definición de manera clara de visión, metas, objetivos, de forma que arrojen resultados caracterizados por calidad, eficacia y éxito, así como el establecimiento de indicadores que permita desarrollar actividades de seguimiento y evaluación correspondiente, es así que la evaluación se convierte en una herramienta en la administración pública.

La evaluación ayuda entonces a mantener un control en la administración financiera, ya que proporciona información para identificar los logros y el panorama general del comportamiento de la administración municipal, y en consecuencia los administradores tomar las decisiones correspondientes para mejorar el desempeño.

Carter (1991) indica que la evaluación es parte esencial de la NGP y es un instrumento de aprendizaje en el momento de diseñar e implementar políticas públicas, esta visión implica el desarrollo de la existencia de sistemas de evaluación dentro de las organizaciones, en cada uno de los departamentos.

Ensayo elaborado con avances de tesis (15/maro/2011)

Fuentes bibliográficas
García del Castillo, Rodolfo, 1992. Los servicios públicos municipales, documento de trabajo 3, CIDE, México.
García del Castillo Rodolfo, 1993. Cobertura y calidad de los servicios municipales; estudio sobre el estado de México, CIDE, México.
Merino, Mauricio, (2004), Los gobiernos municipales de México: el problema de diseño institucional, CIDE, México.

El diseño institucional del municipio en México

Por: Celia Chávez Gallardo

El presente ensayo aborda los avances que ha adquirido el municipio mexicano en el marco constitucional, en especial en el artículo 115 constitucional desde la década de los ochenta y las transformaciones que ha tenido hasta el presente.

Merino (2004), los gobiernos locales han contribuido en la formación del Estado mexicano, no obstante a inicios del siglo XXI, la posibilidad de cumplir con las obligaciones y facultades que le corresponden institucionalmente, no han podido desarrollarse del todo, la causa de ello se le atribuye a las fallas de diseño institucional.

En los 80´s en México se caracterizo por una serie de reformas a las atribuciones que le corresponde el municipio, no obstante esta sólo daban respuesta para un contexto en la cual los municipios tendrían que cumplir con cierta homogeneidad, cuando ocurre todo lo contrario, los municipios mexicanos se caracterizan por la heterogeneidad y escasez de recursos (Pérez, 1985).
Alguna de las reformas tiene como objetivo fortalecer económicamente al municipio, es con la posibilidad de manejar de manera independiente la hacienda municipal; con el objetivo de que pueda llevar acabo cada una de las facultades y obligaciones que le corresponde como ámbito de gobierno.

Durante los 80´s México, Miguel de la Madrid fue uno de los interesados en fortalecer el federalismo mexicano, fortaleciendo al municipio con la idea de que la solución de los problemas debería de realizarse desde el espacio más pequeño y por la autoridad inmediata (Pérez,1985).
A través de Miguel de la Madrid se lleva a cabo una reforma a artículo 115 constitucional, los aspectos que toman esta reforma básicamente el fortalecimiento de la hacienda púbica municipal, la autonomía política del municipio, la realidad económica municipal. Antes de la reforma municipal, el municipio se caracterizaba por una alta dependencia financiera del estado y de la federación (Pérez, 1985).

Las finanzas públicas municipales incluyen las siguientes fuentes: el presupuesto de ingresos y egresos municipal, la inversión estatal y federal estatal directa, la inversión estatal y federal coordinada, el crédito la cooperación ciudadana.
El presupuesto de egresos, tenía que ser aprobado por los congresos locales, lo que limitaba la facultad de los municipios para administrar libremente su hacienda, los ingresos propios eran insuficientes debido a que se encontraban limitados a un mínimo de derechos, existía una serie de exenciones en leyes federales y estatales, lo que limitaba la recaudación de ingresos por parte del municipio.

Retraso en la entrega de participaciones federales y estatales, problemas a los municipios debido a que era la principal fuente de ingresos, el presupuesto de egresos tenia que se aprobado por los congresos locales, limite de los municipios para administrar su hacienda.

Un breve diagnostico de las finanzas municipales en México antes de la reforma de 1983, se caracterizaba por una burocracia municipal sin estructura administrativa, sin prestaciones sociales, sin programas de capacitación, sin estabilidad en el empleo y baja productividad, incipiente reglamentación en el empleo, en general finanzas públicas con escaso desarrollo, por lo genera con escasez en estudios hacendarios y de investigación para el desarrollo administrativo y tributario, escasez de sistemas de información.

Así con la reforma, el municipio adquirió la capacidad de recibir recursos adicionales, por las contribuciones por el uso de la propiedad y sobre todo por el impuesto predial, el avance sin duda permitió fortalecer al municipio, con el objetivo de cumplir con las obligaciones que institucionalmente le corresponde.

La serie de reformas a tenido como resultado la facultad al municipio para desarrollar e implementar procesos administrativos, busca nuevas formas de cooperación y participación de los municipios vecinos con el objetivo de reglamentar su vida comunitaria, mejorar los servicios públicos.

Bajo la generalidad las reformas a la constitución y especial al artículo 115 constitucional ha fortalecido al federalismo, una mejora importante a la capacidad administrativa y el poder político, junto con la mejoría económica, como consecuencia mayor participación a nivel local, distribución de facultades administrativas, ejecutivas y fiscales en consecuencia una descentralización.
El avance de las reformas es que se ampliaron las atribuciones de los municipios, sin embargo se han quedado limitados en establecer las reglas y los incentivos correctos para afrontar dichas atribuciones.
Para salir tanto del atraso político, económico y social, se requiere de un impulso al federalismo y al desarrollo regional , con el objetivo de lograr un avance en la redistribución del ingreso y la riqueza y una mayor participación en la política y en el poder donde el municipio cumple con un papel importante (Triana, 1985).
Un de los aspectos de la reforma también es ele ejercicio de regionalización, donde como resultado de la reforma facilita a los municipios ya que faculta a los municipios intervenir en la zonificación y planes de desarrollo urbano municipales, en la creación y administración de sus reservas territoriales, en el control y uso del suelo, en la regulación de la tenencia de la tierra y en su intervención en conjunto con el gobierno estatal y federal para la administración de reservas ecológicas (Triana, 1985).
La adopción del federalismo como modelo de organización política-administrativa, la cual indica con precisión la competencia entre la federación, los municipios, y en consecuencia no únicamente en el traslado de recursos, es necesario para que cada uno de los niveles de gobierno puedan cumplir con las atribuciones que le corresponden (Pérez, 1985).
En conclusión una serie de reformas a la constitución política mexicana, en el ámbito de atribuciones del municipio se han generado, no obstante aun este paso es incipiente para que este pueda formar parte de un ente que más que su tarea sea de brindar servicios públicos coadyuve al desarrollo local y regional.
Aún con ausencia de instrumentos para hacer frente a la pluralidad a la heterogeneidad de municipios y a la pluralidad política, e diseño de políticas propias de cada espacio local, ya que mientras para algunos municipios la tarea es erradicar la pobreza, otros requieren de instrumentos para el diseño de políticas públicas para coadyuvar al desarrollo.
Fuentes bibliográficas
Pérez Partida, Héctor, (1985), El municipio y la reforma del artículo 115 constitucional, Gaceta mexicana de administración pública estatal y municipal.
Merino, Mauricio, (2004), Los gobiernos municipales de México: el problema de diseño institucional, CIDE, México.
Neme Castillo, Salvador (1985), El municipio libre y las tendencias centralistas, Gaceta mexicana de administración pública estatal y municipal.
Triana Martínez, Azucena, (1985), La regionalización, el municipio y la reforma al artículo 115 de la constitución, Gaceta mexicana de administración pública estatal y municipal.

(Febrero, 2011)